Historias de milicos

Violaciones sexuales e impunidad militar en Guerrero
Abel Barrera Hernández*

El 16 de febrero de 2002, Valentina Rosendo Cantú, indígena del pueblo Me’ Phaa, fue torturada sexualmente por elementos del Ejército Mexicano mientras lavaba su ropa en un arroyo cercano a Barranca Bejuco, municipio de Acatepec, en pleno corazón de la Montaña de Guerrero. En ese tiempo Valentina contaba con 17 años y tenía dos años de casada con Fidel Bernardino, con quien procreó a su hija Yenis.
El día de la agresión sexual, Valentina salió de su casa como a las dos de la tarde. Mientras lavaba, la abordaron ocho soldados del Ejército Mexicano, que traían a un civil amarrado de las manos. Entre amenazas e insultos la empezaron a interrogar: "¿Dónde están los encapuchados?" Al tiempo que le mostraban la fotografía de una persona le exigían que dijera cómo se llamaba. Un militar le apuntó con su arma y le dijo: "¿Por qué no hablas? ¿Qué no eres de Barranca Bejuco?"
En seguida le mostraron una hoja de papel donde estaban escritos varios nombres que le fueron leyendo. Apareció su esposo Fidel y el de Ezequiel Sierra, quien en ese entonces era autoridad municipal de Barranca Bejuco e integrante de la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco (OPIT). Para los militares las 11 personas que leyeron eran de Barranca Bejuco y andaban con los encapuchados.
El silencio de Valentina irritó a los militares y de manera cobarde uno de ellos la golpeó con su arma en el estómago. Valentina cayó sobre las piedras y perdió el conocimiento por unos instantes. En ese momento el mismo militar la agarró de los cabellos y la siguió increpando: "¿Por qué dices que no sabes nada? ¿Qué no eres de Barranca Bejuco?" Postrada sobre las piedras mojadas, el militar le amenazó con matarla si no decía quiénes eran los encapuchados. La golpeó nuevamente en la cara y la sometieron para que un militar la violara. Esto mismo hizo otro militar, mientras los otros seis se apostaron alrededor de ella, para hacer más cruento su sufrimiento.
Valentina después de esta atrocidad corrió semidesnuda hacia el pueblo, y entre sollozos pudo llegar a la casa de sus suegros para refugiarse en los brazos de su cuñada, y esperar la llegada de Fidel.
Desde aquella fecha Valentina ha luchado contra el Ejército y el aparato de justicia a riesgo de su propia vida. Pidió el apoyo de la autoridad comunitaria, quien se lo negó por temor a sufrir alguna represalia. Acudió con la OPIT para interponer la queja ante las comisiones de derechos humanos y la denuncia ante el Ministerio Público de Ayutla de los Libres. Desde el día que se interpuso la denuncia, el Ministerio Público declinó su competencia para turnarla al fuero militar, que en los hechos ha sido sinónimo de impunidad.
Otro caso de violación sexual sucedió el 22 de marzo de 2002 en la comunidad de Barranca Tecuani municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero. Se trata de Inés Fernández Ortega, una indígena del pueblo Me’Phaa, que fue violada en el interior de su casa por un militar. El testimonio que Inés presentó al Ministerio Público narra que como a las tres de la tarde del día 22 de marzo, 11 militares se metieron sin permiso al patio de su casa. Ella recuerda que se encontraba en su cocina preparando agua fresca para sus hijos Noemí, Ana Luz, Colosio y Nélida, cuando vio que ocho de los militares empezaron a recoger la carne de res que su esposo había tendido sobre unas cuerdas en su patio. En lugar de gritar a los militares para que no se robaran la carne, prefirió esconderse en su cocina. Hasta ahí llegaron tres militares que la encañonaron y la increparon: "¿Dónde fue a robar carne tu marido? ¿Vas a decirnos adónde fue o no vas a hablar? ¿Ustedes son narcotraficantes?" Inés no pudo contestar nada porque no habla español.
Uno de los militares la agarró de las manos y la obligó a tirarse al suelo. Inés fue inmediatamente sometida, por la fuerza del militar y por las armas que la encañonaban. Sin que les importara la presencia de sus pequeños hijos (que lloraban al ver a su madre tirada en el piso), un guacho se abalanzó sobre ella para violarla. Los otros dos militares se encargaron de proteger al violador y de correr a los niños.
Noemí, la hija mayor de Inés, testificó que el militar que abusó de su mamá portaba en su uniforme una insignia del 41 batallón de infantería. Ella corrió a la casa de su abuelo para refugiarse con sus hermanos. Ante el temor de perder la vida, el abuelo optó por cerrar su casa, mientras Inés era ultrajada por los militares.
Ante este hecho deleznable Fortunato Prisciliano, esposo de Inés, pidió el auxilio del comisario municipal para interponer la denuncia. Acudieron también a la oficina de la OPIT para presentar la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la denuncia en el Ministerio Público el 24 de marzo de 2002. De nueva cuenta la historia de la impunidad se repitió: el Ministerio Público dejó en manos de la justicia militar la investigación del caso.
Tanto Inés como Valentina fueron violadas por elementos del Ejército en un contexto de guerra de contrainsurgencia. Desde la masacre de El Charco, acaecida el 9 de junio de 1998, donde el Ejército asesinó a 11 indígenas, no ha cesado la persecución contra los miembros de la OPIT ni de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM). Las mujeres se han transformado en el blanco de ataque para causar terror y destruir la organización comunitaria.
Ante la falta de garantías para acceder a la justicia en nuestro país, Inés y Valentina acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que determinó remitir los dos casos ante la Corte Interamericana. El caso de Inés Fernández fue abordado en la audiencia del 15 de abril realizada en Lima, Perú, mientras que en el caso de Valentina, la corte tiene programada una audiencia para este 27 de mayo en San José, Costa Rica.
Son las mujeres indígenas las que están dando la batalla a riesgo de su seguridad y de su vida para romper el muro de la impunidad causada por el fuero militar.
*Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Los milicos y su justicia

La justicia del DF lo habría condenado a 10 años de prisión
Soldado violador podrá quedar libre tras ser juzgado por tribunal militar
Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Jueves 27 de mayo de 2010, p. 13

La justicia militar juzgó a un soldado acusado de violación, aun cuando ese delito corresponde al fuero común. Además, fue sentenciado a cinco años de prisión, con derecho a libertad preparatoria, cuando el Código Penal del Distrito Federal prevé una sanción de hasta 10 años de cárcel, sin derecho a quedar libre bajo fianza.

Y el 20% restante? hay culpa? culpables? investigaciones? procesados? Son por lo menos 2200 personas asesinadas por milicos!

El Estado no está dispuesto a "obedecer a la delincuencia", advierte Gómez Mont

Asegura que 90 por ciento de los 22 mil "exterminados" son miembros del crimen

La Jornada

Tontín y Patiño científicamente hablando de la vida y de su defensa.

El gobernador compara el aborto con delitos del crimen organizado

GEORGINA GARCÍA SOLÍS Y JESÚS ARANDA
Se asume como defensor de la vida y se opone a la píldora del día siguiente
Abortar, lo mismo que asesinar o secuestrar, considera Emilio

Descarta motivaciones religiosas en la controversia constitucional contra norma que la permite

GEORGINA GARCÍA SOLÍS


“En el mismo nivel”, según el gobernador Emilio González Márquez, “está todo lo que tiene que ver con la muerte, llámese narco, secuestradores, pena de muerte y aborto”.

En una entrevista concedida a W Radio en el marco de la discusión sobre la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046-SSA2-2005 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el titular del Ejecutivo se autoproclamó “defensor de la vida” para justificar la controversia constitucional que promovió en contra de esta legislación, que establece que todos los hospitales públicos del país deben proporcionar la píldora del día siguiente a las mujeres víctimas de violación.
El mandatario aseveró que su oposición a la anticoncepción de emergencia (que según esgrimió en la controversia provoca un aborto químico) no está basada en creencias religiosas, sino en “saber que soy una persona y que no tengo derecho de quitarle la vida a otra persona, y que la ley lo que hace es reconocer el valor de la vida”... quien mata a un ser indefenso, quien ejecuta, quien secuestra está dentro de la cultura de la muerte”... Fernando Guzmán Pérez Peláez, secretario general de Gobierno, se encargó de defender esa postura, debido a que “la política de salud del Estado mexicano no es abortiva”.
La controversia constitucional promovida por el Ejecutivo, explicó, se soporta en dos valores que la Constitución de Jalisco protege: “el valor supremo de la vida (el artículo cuarto que fue reformado en la anterior Legislatura para garantizar este derecho desde la concepción hasta la muerte natural) y en acciones, argumentos jurídicos”.
“Aquí estamos hablando de un ser concebido en sus primeros momentos y es muy claro, de acuerdo a la ciencia, cuando hay concepción hay un nuevo ser y la píldora abortiva del día siguiente no es anticonceptiva, sino abortiva. Si no hay embarazo, si no hay concepción entonces ¿para qué se toma? Y si se toma y produce sus efectos, entonces es abortiva y atenta contra la vida de una persona distinta a la que la toma y la Constitución de Jalisco protege la vida”, expuso.

Pragmatismo gobiernista

Ante violencia, exhortan a los ejidatarios del Valle a hacer su testamento

Juan de Dios Olivas
14-05-2010 | 23:56

Ante la ola de violencia que se registra en el Valle de Juárez y que ha cobrado la vida de decenas de propietarios de tierras ejidales, la Procuraduría Agraria exhortó a los ejidatarios a elaborar su testamento ante esa dependencia, para no heredar problemas jurídicos a sus familias.

A la fecha unos 500 ejidatarios ya realizaron ese trámite para garantizar a sus familias tranquilidad jurídica, señaló Gerónimo Arecco López, jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria en Ciudad Juárez.
El Diario Local
Cd. Juárez, Chihauhua.

Hasta los peluqueros maman del presupuesto

En el aire, metas de austeridad anunciadas por el comité de administración de la cámara
Asesores, celulares, boletos de avión y hasta estilistas incrementan gastos en San Lázaro

Un diputado quería que le rembolsaran atención médica en Houston, cuando aún no rendía protesta
Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada
Martes 11 de mayo de 2010, p. 7

La Cámara de Diputados no cumplirá sus metas de austeridad y recorte del gasto de este año debido a que el comité de administración continúa aprobando la contratación de asesores, aumento en los contratos de telefonía celular y compra de boletos de avión, además de gastos extraordinarios, como el servicio de peluquería para los legisladores... Durante esa misma reunión, el comité decidió retirar de la orden del día una solicitud del diputado Marcos Cruz Martínez (PRD) "para que se le rembolsen gastos por estancia en Houston, Texas, con motivo de atención médica".

Diputados integrantes del comité explicaron que se rechazó dicho rembolso debido a que Cruz Martínez fue internado en Houston antes del 16 de febrero, cuando el legislador rindió protesta como diputado en sustitución de la diputada juanita Guadalupe Silerio, quien en una carta a sus compañeras de bancada relató que su suplente la tenía bajo amenaza si no le cedía su curul. "Rechazamos tajantemente y por unanimidad autorizar ese pago por notoriamente improcedente", señalaron.

En cambio, se aprobó la contratación de dos nuevos asesores para el presidente de la Comisión de Energía, Felipe de Jesús Cantú (PAN).

Además, se autorizó la renovación de los contratos de los peluqueros Genaro Contreras Montiel y Enrique Hernández Bastida por "servicios relacionados con la actividad de estilista a los diputados y diputadas".

Los sucesivos contratos para el servicio de corte de cabello a los diputados, que sólo están obligados a dejar una propina a ambos estilistas, ha implicado desde 2006 un gasto de un millón 184 mil 212.8 pesos, de acuerdo con el Portal de Adquisiciones del Congreso. Este año, el contrato individual de Contreras Montiel y Hernández Bautista será de 168 mil pesos, a cubrir en 12 mensualidades.