Dirigente estatal llama a interponer una controversia y se deslinda de Córdova Villalobos
Exige el PAN impedir interrupción legal del embarazo en Guanajuato
ONG solicitará a la Secretaría de Salud del estado practicar aborto a una víctima de violación
El gobierno federal no debe tolerar que la entidad sea “una isla” donde se toleren abusos, dice
Carlos García
Corresponsal
León, Gto., 23 de abril. El gobierno de Guanajuato “tiene que buscar los mandatos jurídicos necesarios” para no aplicar la norma oficial mexicana (NOM) 046, publicada el 16 de abril en el Diario Oficial de la Federación, que obliga a los gobiernos estatales a interrumpir embarazos producto de abuso sexual, advirtió Fernando Torres Graciano, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN).
“Hay que ver la posibilidad de que el estado (de Guanajuato) no se sujete a la norma, recurriendo a los cauces legales; es decir, si hay alguna posibilidad legal de presentar alguna inconformidad, alguna controversia”, dijo.
Dijo que el Comité Directivo Estatal del PAN buscará reunirse con el gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, también panista, para solicitarle que, al amparo de la autonomía del estado, busque medidas legales que permitan no aplicar la norma oficial sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres (NOM 046), que propuso la Secretaría de Salud del gobierno federal.
Torres Graciano se deslindó del secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos. “Estoy de acuerdo en que el gobierno federal es del PAN, pero (la decisión) no fue como institución, y el partido no ha variado la postura del respeto a la vida”, agregó.
Anunció que la fracción parlamentaria del PAN seguirá promoviendo en Guanajuato una reforma constitucional para garantizar “el derecho a la vida” desde la concepción y “un debate jurídico” sobre si se debe aplicar la NOM 046.
El 2 de octubre de 2008 el PAN retomó una iniciativa para modificar el artículo primero de la Constitución estatal, a fin de garantizar el derecho a la vida desde la concepción, pero no se ha dictaminado porque faltan tres votos.
Recordando a Paulina
En 1999 el gobierno de Baja California le negó a Paulina –en aquel entonces una adolescente– su derecho a un aborto legal, pese a que demostró que su embarazo fue producto de una vilolación. La joven acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y tras años de negociaciones el gobierno estatal aceptó reparar el daño y se comprometió a impulsar en el Congreso local un proyecto para reglamentar el aborto por violación.
La CIDH también recomendó al gobierno de México que elaborara una norma oficial que combatiera la violencia institucional que vulnera los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
El 21 de julio pasado el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud aprobó la NOM 046, que obliga al personal de esa dependencia a proporcionar métodos anticonceptivos de emergencia, informar a las pacientes sobre las opciones para interrumpir el embarazo y brindar ese servicio a quien lo solicite.
Mientras, Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro las Libres, dijo que la Secretaría de Salud tiene que cumplir la NOM 046, porque “Guanajuato no es una isla donde pueden violarse los derechos de las mujeres. Tenemos que lograr que el gobierno federal haga cumplir las normas”. Este viernes, anunció, el grupo solicitará a la Secretaría de Salud de Guanajuato que practique el primer aborto a una mujer violada que tiene dos meses de embarazo.
Aprueban en Campeche ley antiaborto
Lorenzo Chim, corresponsal
Campeche, Camp., 23 de abril. El Congreso del estado aprobó –pese a la oposición del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que propuso un foro para discutir el tema– una reforma al artículo sexto de la Constitución local para garantizar “el derecho a la vida” desde la concepción.
La llamada ley antiaborto, promovida por el Ejecutivo del estado, fue apoyada por las fracciones de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Convergencia y Nueva Alianza. Los perredistas María del Carmen Pérez López y Luis Eduardo Vera Vera consideraron que la aprobación fue “al vapor”.
El artículo sexto de la Constitución Política de Campeche ahora estipula que el derecho de toda persona a la vida “está protegido por la ley desde el momento de la fecundación o concepción hasta la muerte natural, con las salvedades ya previstas en la legislación ordinaria”.
En los considerandos del dictamen destaca el reconocimiento de que el derecho a la vida debe estar protegido por el marco jurídico del Estado, por ser una garantía fundamental.
Los legisladores perredistas propusieron un foro de debate sobre el derecho de las mujeres a practicarse abortos “sin ser satanizadas, juzgadas y penalizadas”.
No hubo respuesta. La diputada panista Gloria Aguilar de Ita calificó la reforma de “acto noble y de justicia” que “va más allá de la falsa polémica de abortar o no, de tratar de otorgar con mentiras y engaños calidad de derecho a la acción de dar muerte al hijo no nacido, a la sangre de nuestra sangre. Eso nunca podrá ser considerado un derecho”.
La legisladora perredista María del Carmen Pérez lamentó que la aprobación automática obedeciera a presiones y que se pasara por alto el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo.
El diputado priísya Humberto Javier Castro Buenfil, presidente de la mesa directiva y miembro de la agrupación católica Caballeros de Colón, consideró agotada la discusión, la sometió a la votación del pleno, la cual la aprobó por mayoría.
La Jornada, 24 de abril del 2009
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